* Usar al ejército como policía desató mayor violencia y violaciones graves a los derechos humanos
* México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo
De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Mantiene Enrique Peña Nieto la grave crisis de derechos
humanos del panista Felipe Calderón Hinojosa con asesinatos, desapariciones,
secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos de mujeres, niños, migrantes,
defensoras de derechos humanos y periodistas, informó en Washington Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
presentó su Informe Anual correspondiente a 2016 ante la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que consta de una introducción y seis capítulos
En el Capítulo V contiene un seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus informes de país sobre Colombia, Guatemala,
Honduras y México.
En el punto 3 sobre México, se indicó que México atraviesa
una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años.
La CIDH identificó graves situaciones de violencia que
aumentaron durante el gobierno del ex
presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada “guerra contra
el narcotráfico”, hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente
muerte de más de cien mil personas desde el 2006, más de 27.000 desapariciones
reconocidas por el Estado, más de dos mil investigaciones de casos de
tortura y un contexto que ha provocado
el desplazamiento de miles de personas en el país.
Según el informe, como respuesta al incremento de la
violencia, las autoridades optaron por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra
el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas
armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales.
Esta situación desató mayor violencia así como violaciones
graves a los derechos humanos, casos en los cuales la CIDH observó una falta de
rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.
En el punto 4 se detalla que con el cambio de gobierno en
diciembre de 2012, no hubo cambios sustanciales en relación a las políticas de
seguridad y a los niveles de violencia.
En este contexto, la CIDH manifestó en su Informe
preocupación particular sobre las denuncias de desapariciones, como la
desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro
Burgos” en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, ejecuciones
extrajudiciales y tortura.
Destacó la situación de inseguridad de las mujeres, la
niñez, las personas migrantes, defensoras de derechos humanos y periodistas,
quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura,
amenazas y hostigamientos.
La CIDH enfatizó asimismo que México es considerado, además,
uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo,
exceptuando aquéllos que están en guerra.
En la introducción se destacan las medidas adoptadas por los
Estados Miembros durante el 2016, dirigidas a promover y proteger los derechos
humanos conforme a sus obligaciones internacionales. El Capítulo I ofrece un
panorama general de las actividades de la Comisión durante el año. El Capítulo
II refleja la gestión del sistema de casos y peticiones y las medidas
cautelares.
El Capítulo III está
dedicado a las actividades de las Relatorías Temáticas. Allí se brinda
información detallada del continuo trabajo que realizan las y los siete
miembros de la Comisión en esa función. También se detallan los informes
temáticos aprobados en el año 2016, y toda la información de las actividades de
promoción realizada por la CIDH.
El Capítulo IV.A ofrece un panorama de la situación de los
derechos humanos en el hemisferio durante el año 2016, a partir del ejercicio
de las facultades de monitoreo de la Comisión. Esta sección se concentra en las
personas, grupos, colectividades, y asuntos que son objeto de atención particular
de la CIDH en el marco de sus Relatorías Temáticas.
En este sentido, ofrece un análisis de las principales
tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas pertinentes a los
derechos humanos de los pueblos indígenas, mujeres, migrantes, niñas y niños,
las personas privadas de libertad, personas afrodescendientes, defensoras y
defensores de derechos humanos, y personas LGBTI en las Américas durante el
2016.
También incluye un análisis de tendencias y asuntos
prioritarios pertinentes a los derechos vinculados con la libertad de expresión
y los derechos económicos, sociales y culturales.
Por su parte, el Capítulo IV.B incluye informes especiales
que la Comisión considera necesarios respecto de la situación de los derechos
humanos en los Estados Miembros. En el Informe Anual correspondiente a 2016, la
CIDH analiza la situación en Cuba, República Dominicana y Venezuela.
Esta sección fue preparada de acuerdo con los criterios
específicos y la metodología detallada en el Reglamento. Estos informes se
basan en una amplia gama de fuentes de acuerdo a la metodología establecida en
el Reglamento de la Comisión.
Los borradores de informe son enviados a los Estados
involucrados para que tengan la oportunidad de responder y aportar información
adicional, la cual la Comisión considera antes de la publicación.
En relación con Cuba,
las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la
libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia
del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, continúan
limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba.
A lo anterior, se suma el incremento en las represiones
severas y restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y
personas disidentes, además de la discriminación y violencia contra personas
LGTBI y la exclusión de la población afrodescendiente, que está subrepresentada
en altos cargos del Estado.
Respecto de República
Dominicana, la persistencia de la discriminación racial estructural contra
personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales, que ha impactado
particularmente en el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones,
expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas, muestra los
graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación
racial.
La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de
reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de
ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de
algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema
vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos
humanos.
En relación con Venezuela, persisten situaciones
estructurales que afectan los derechos humanos y se registra un agravamiento de
la situación de la seguridad ciudadana en relación al derecho a la vida e
integridad personal y un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones
democráticas, así como del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la
detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que
hacen público su disenso con el gobierno, la represión y restricciones indebidas
al ejercicio del derecho a la protesta, y despidos y amenazas a empleados
públicos con perder su cargo en caso de manifestar opiniones políticas contra
el oficialismo.
A esto se suma un severo agravamiento en el acceso a los
derechos económicos, sociales y culturales.
El Capítulo V contiene un seguimiento de recomendaciones
formuladas por la CIDH en sus informes de país sobre Colombia, Guatemala,
Honduras y México.
El Capítulo VI incluye información sobre la estructura y
personal de la CIDH, la capacitación del personal, los recursos financieros y
la ejecución presupuestaria, la movilización de recursos y administración de
proyectos, y los avances tecnológicos.
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