Destituyen a 4 funcionarios de SEDESOL por acarreo grosero de beneficiarios de Prospera en Chiapas

* Reitera la Sedesol su compromiso de que ningún programa social debe ser utilizado con fines políticos

De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja

De Arcano Político

Roberto Armando Albores Gleason, estirpe de traidores. 

Destituyeron únicamente a 4 funcionarios de SEDESOL por el grosero acarreo de beneficiarios de PROSPERA al destape como candidato a gobernador priista del senador Roberto Armando Albores Gleason el fin de semana en el estadio de fútbol Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez, aunque se dice que van de avanzada en la campaña.

Roberto Armando Albores Gleason  se dice residente de Comitán, Chiapas, y nació el 16 de febrero de 1979. Hijo del comiteco Roberto Armando Albores Guillén caracterizado por traicionar a su partido, es Senador y eterno presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas.

Ha sido Diputado Federal y titular de las Secretarías de Turismo y Economía del Gobierno de Chiapas, con el mexiquense Juan José Sabines Guerrero cobijado por Andrés Manuel López Obrador después de haber traicionado al PRI. Una estirpe de traidores.

Con base en un comunicado de la SEDESOL en la Ciudad de México, los destituido son: Héctor Augusto Rivera Ordoñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez, de los cargos que desempeñaban en la Coordinación del Programa de Inclusión Prospera, en el estado de Chiapas.

Se les atribuye su participación en convocar, mediante presiones, a beneficiarias del mencionado programa a un evento político realizado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el sábado pasado.

Dicha medida se determinó como resultado de las investigaciones realizadas con base en los reportes de las propias beneficiarias de Prospera, que conforman la Contraloría Social, y las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación.

La Secretaría de Desarrollo Social reitera que en la operación y administración de los programas sociales se conduce y conducirá con apego a la ley, a fin de evitar que en lo sucesivo se repitan este tipo de acciones.

De la misma forma se seguirán fortaleciendo en todo el país los mecanismos de control y vigilancia, a través de los Comités de Contraloría Social que desarrollan tareas de seguimiento y vigilancia de los recursos que reciben las titulares.