De la Mesa de Redacción Rafael Castilleja
De Arcano Político
Expresa su profunda preocupación en Washington este
miércoles 11 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por
la decisión de los Estados Unidos de poner fin al programa de (DACA, por sus
siglas en inglés) por el Procurador General el 5 de septiembre de 2017. Exhorta
a revertir esta política.
La Comisión Interamericana llama al Congreso de los Estados
Unidos a regularizar la situación migratoria de las personas beneficiarias del
programa DACA y otros grupos de migrantes presentes en los Estados Unidos y
crear un proceso hacia la adquisición de la nacionalidad, sin poner en peligro
los derechos humanos de otros grupos de migrantes y refugiados.
La Comisión exhorta además a los Estados Unidos a revertir
su política de cerrar canales legales para que personas migrantes y refugiadas
puedan acceder o permanecer en una situación migratoria regular en los Estados
Unidos.
El programa DACA, introducido por primera vez en 2012,
otorga diferimientos de deportación de dos años renovables, así como
autorización de trabajo y la posibilidad de solicitar licencias de conducir, a
solicitantes calificados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños,
están haciendo o han completado al menos la educación secundaria o el servicio
militar, y que no han cometido ningún delito grave.
Actualmente, hay alrededor de 800.000 personas beneficiarias
de DACA (también conocidos como "DREAMers") en los Estados Unidos;
casi el 80 % de estas personas son originarias de México y otro 8 % son
personas originarias del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador,
Guatemala y Honduras), y la edad promedio en la que ingresaron a los Estados
Unidos es de seis años.
La Comisión observa que en el transcurso de entre 10 hasta
35 años en que los DREAMers han vivido en los Estados Unidos, estas personas
han forjado fuertes vínculos familiares y comunitarios, se han graduado con
títulos avanzados o se han incorporado a la fuerza de trabajo y han construido
vidas; por lo cual despojarlas de sus vidas y comunidades en los Estados
Unidos, quitarles la autorización legal para trabajar y someterlas a la amenaza
de deportación perjudica a los DREAMers y sus seres queridos, incluyendo a
niñas y niños nacionales de los Estados Unidos y otros familiares.
La CIDH considera que la falta de canales legales
disponibles para regularizar la situación migratoria de las personas
beneficiarias del programa DACA plantea una seria amenaza al principio de
unidad familiar, y que la terminación de las protecciones otorgadas por el DACA
pondrá en peligro su capacidad en la práctica para garantizar su igual acceso a
derechos económicos y sociales — incluyendo la educación, los derechos
laborales, y la atención médica — y garantías legales, como por ejemplo el
acceso a la justicia y los tribunales.
Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos destacó recientemente en una declaración sobre la
terminación de DACA que las denuncias de delitos desde las comunidades de
migrantes han caído fuertemente este año, debido al temor de que su contacto
con la policía pueda llevar a su deportación. Cuando los migrantes no pueden
acceder a una situación migratoria regular, son más fácilmente excluidos del
acceso a los derechos humanos y son más vulnerables a violaciones a tales
derechos.
Además, es evidente que la posible deportación de las
personas beneficiarias de DACA — en particular a los países que actualmente
enfrentan crisis de refugiados— podría violar gravemente las obligaciones
internacionales de derechos humanos de los Estados Unidos, incluidos los
derechos a la vida, la integridad personal, el interés superior del niño, la no
discriminación, la vida privada y familiar, el debido proceso, la protección
judicial y el principio de no devolución (non-refoulement), entre otros.
La Comisión observa que los Estados Unidos ha introducido
varias reformas significativas en su política migratoria desde la introducción
de tres órdenes ejecutivas sobre migración y política de refugiados en enero de
este año, incluyendo la cancelación del programa de Permisos Humanitarios para Menores
Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) anunciado el 16 de agosto.
En adición a lo anterior, el 14 de septiembre se informó que
el Departamento de Estado planea poner fin al programa de Procesamiento de
Refugiados, que permite a niñas y niños centroamericanos con miembros de la
familia con situación migratoria regular en los Estados Unidos solicitar la
condición de refugiado dentro de sus países de origen, evitando así el viaje
peligroso hacia el norte para buscar asilo en la frontera sur de los Estados
Unidos.
Asimismo, la Comisión ha notado con preocupación los
informes sobre la denegación por parte de los funcionarios de la Aduana y
Protección Fronteriza (CBP) de recibir solicitantes de asilo en los puertos de
entrada de los Estados Unidos, como exige el derecho internacional, y la
ampliación de las prioridades de deportación para incluir un número mucho mayor
de migrantes en situación irregular, entre otros.
En su conjunto, estos cambios contribuyen a un panorama de
inseguridad creciente para las personas migrantes y refugiadas, y a un número
cada vez menor de opciones legales para preservar a sus familias y su seguridad
física.
La historia demuestra que entre más se cierran los canales
legales para recibir la protección de un Estado, las personas migrantes y
refugiadas se ven forzadas a recurrir a rutas cada vez más peligrosas para
ingresar al país.
La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora de país
para los Estados Unidos, destacó la dimensión histórica de estos cambios de
política: "La política clara de la Administración de cerrar sus puertas a
migrantes y refugiados y deportar a quienes han residido durante mucho tiempo
en Estados Unidos podría poner en peligro las vidas, seguridad y planes de vida
de las personas deportadas".
El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los
Derechos de los Migrantes, señaló: "La Comisión insta a los Estados Unidos
a revertir su política de intentar cerrar sus puertas a las personas migrantes
y refugiadas. Por supuesto, esto no es posible hacerlo de la noche a la mañana;
mientras tanto, Estados Unidos debería restablecer el programa DACA y programas
similares a fin de proporcionar protección legal a las personas migrantes y
restablecer la estabilidad en la vida de millones de personas".
La CIDH saluda a los esfuerzos del Congreso para llegar a un
acuerdo con el Presidente para salvaguardar la presencia de DREAMers en el país
y crear un camino para regularizar su situación migratoria.
La CIDH saluda los esfuerzos del Congreso por llegar a un
acuerdo con el Presidente para salvaguardar la presencia de DREAMers en el país
y crear un camino para regularizar su situación migratoria.
En este sentido, la Comisión Interamericana expresa su
preocupación por el anuncio hecho por la Casa Blanca el 8 de octubre de 2017 de
que aceptaría un acuerdo para regularizar la situación de los beneficiarios del
DACA sólo a cambio de la aprobación de una serie de medidas para aumentar el
control y la seguridad de la frontera, limitar el acceso al asilo y fortalecer
la externalización del control fronterizo.
La CIDH reitera que cualquier acuerdo para regularizar el
estatus de los beneficiarios del DACA debe estar de acuerdo con las normas y
estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
La Comisión exhorta a los Estados Unidos a que restablezca
el programa DACA y a crear un camino para regularizar la situación migratoria
de las personas migrantes que se han beneficiado de estas políticas, así como
de otros grupos que deberían ser incluidos.
Todas las medidas adoptadas deben tener en cuenta factores
tales como las circunstancias en que la persona migrante ingreso a los Estados
Unidos, la duración de su presencia en el país, los vínculos familiares y
comunitarios en el país y las contribuciones a la sociedad.
En el marco de esta acción ejecutiva y a la luz de las
nuevas prioridades de deportación de este año, la Comisión también pide a los
Estados Unidos garantizar que las necesidades de protección de cada persona
-sin excepción- sean analizadas de manera individualizada y por autoridades
debidamente capacitadas en el momento de la llegada o la detención.
La CIDH reafirma su interés en trabajar con el gobierno de
los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que garanticen el goce efectivo
de los derechos humanos de los migrantes y los refugiados.
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