Por Laura QUIÑONES y Jordi TRUJOLS
Periodistas de nuestra asociada RNU
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Relatora especial de los
derechos
de los pueblos indígenas,
Victoria
Tauli-Corpuz.
Foto: ONU/Eskinder Debebe
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Durante su visita oficial al país norteamericano que tuvo
lugar del 8 al 17 de noviembre, la experta se reunió con autoridades en la
Ciudad de México y los estados de Chiapas, Chihuahua y Guerrero, y con 23
grupos indígenas procedentes de 18 estados mexicanos.
Pese a reconocer que México fomenta la agenda indígena en
los foros internacionales, aseguró que esto no es suficiente.
"Este compromiso ha de ser coherente y debería
reflejarse en la aplicación de estos estándares en México ", destacó.
Tauli-Corpuz aseguró que existe un 99% de impunidad en los
casos de violaciones de los derechos humanos que afectan particularmente a
personas indígenas, como casos de feminicidios, masacres, asesinatos, tráfico
de personas, o despojo de tierras.
"A medida que integrantes de pueblos indígenas iban
compartiendo conmigo sus problemas y sus historias, pude reconocer un serio
patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de
acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos", apuntó
la experta.
Tauli-corpuz señaló que, según las normas internacionales,
los pueblos indígenas no son consultados adecuadamente en relación a proyectos
que menoscaban sus derechos, y dijo contar con un listado de casos que piensa
enviar a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Asimismo, manifestó que no se llevaron a cabo totalmente las
recomendaciones de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas ni los de su predecesor en el cargo, Rodolfo Stavenhagen.
"Los pueblos indígenas expresaron que esto es un
reflejo de la discriminación estructural y de la invisibilidad a las que se
siguen enfrentando hoy en día", agregó.
Su declaración de cierre de misión incluye hallazgos
preliminares y expresa preocupaciones en un amplio rango de problemáticas entre
las que se incluyen: tierras, autonomía, auto-determinación y participación
política, violencia, impunidad y acceso a la justicia.
La relatora especial presentará un informe con sus
conclusiones finales al Consejo de Derechos Humanos durante el mes de septiembre
del 2018.
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